Un centenar de salas en riesgo por la Ley Antitabaco

Opergame

Son datos alarmantes que también hay que entrelazar con la tendencia negativa que acumula el sector del bingo en los últimos años, sin embargo, tienen capacidad de hablar por sí solos. Según la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo, un tercio de las 350 salas que todavía funcionan en España cerrarán durante este año si no se toman medidas urgentes.

La principal causa de estas previsiones reside en las consecuencias que está acarreando el endurecimiento de la Ley Antitabaco que entró en vigor el 1 de enero del pasado año y que aumentaba la prohibición total de fumar a todos los locales. En doce meses, el bingo ha acumulado unas pérdidas de 850 millones de euros provocada por una caída del 30% en las ventas de cartones en salas en relación con el 2010, un descenso que ya se anunciaba en los primeros meses del cambio normativo y que ahora la CEJ confirma.

Si todas las pérdidas se deben exclusivamente al hecho de no permitir el consumo en el interior de las salas es difícil de discernir, sin embargo, sí es un realidad que las pérdidas se han duplicado con respecto a balances anteriores.

La única manera de comprobar en qué medida es culpable este endurecimiento de la Ley sería regresar a las condiciones anteriores a la misma en un año este que tampoco parece el de la recuperación económica. Este hecho es poco probable puesto que no hay intención de retocar la Ley, pero sería la prueba definitiva.

Por el momento y según el balance que realiza la Confederación de Bingos, la Ley Antitabaco es culpable en gran parte de la pérdida de 2.250 empleos, la apertura de diferentes Expedientes de Regulación de Empleo y la pérdida de clientes en las salas que calculan en más de 13 millones de visitas.

Si el Ministerio de Sanidad se cierra en banda, pocos recursos le quedan al sector del juego al margen de la movilización y la reivindicación, una postura que ya han puesto en marcha a través de las reclamaciones en compensación por las inversiones que realizaron los empresarios para adaptar sus locales a las condiciones establecidas en la Ley de 2005. Se reestructuraron espacios y se emplearon nuevos recursos para separar a fumadores de no fumadores, inversión por la que reclaman al Estado alrededor de 20 millones de euros ya que en apenas seis años esas reformas no sirven ni van a servir para nada, algo de lo que también se quejan los empresarios hosteleros.

Otra opción sería que se replantease la prohibición y esas zonas habilitadas se reconvirtieran en lugares a los que no pudieran acceder los empleados pero sí los clientes para jugar y fumar a la vez. Esta es la principal propuesta con la que cuenta y la que pretenden presentar al actual Gobierno que ya se mostró partidario de realizar alguna "modificación", aunque es verdad que sin concretar demasiado.

CEJ es muy clara en sus propósitos y también en sus conclusiones: Ley Antitabaco tal y como está ahora o bingos. Los dos juntos no pueden convivir.