La legislación griega desata las críticas de los operadores europeos

Opergame

Cuando el Gobierno griego tomó la determinación de legalizar el juego online, el país ya vivía momentos convulsos provocados por una economía que no consigue levantar cabeza. Ni se genera negocio ni se recauda lo necesario para sacar a las administraciones públicas del déficit, ni siquiera la empresa pública de loterías (OPAP) logra mantener los beneficios que han caído un 16% en el tercer trimestre del año.

Proteger el monopolio público y sacar partido de la regularización de los operadores online que quieran entrar en el mercado legal de juegos remotos. Esas parecen haber sido las consignas con las que se ha elaborado la nueva Ley, un texto que a juicio de la European Gaming and Betting Association (EGBA) y la Remote Gambling Assocaition (RGA) no cumple con las exigencias de competencia que defiende la Unión Europea.

Ambas asociaciones se han unido para denunciar el caso ante la Comisión, organismo que debe hacer valer la vigencia de los Tratados adoptados por la Unión y que ya criticó la articulación propuesta por el Gobierno griego cuando presentó el primer borrador allá por el mes de junio. En su momento, recomendó reducir las restricciones impuestas a las empresas a riesgo de contravenir las leyes de la competencia del mercado común, una alusión que no ha sigo recogida por el Ejecutivo heleno que ha optado por mantener unas condiciones bastante exigentes.

Así por ejemplo, la EGBA y la RGA centran sus denuncias en la obligación que tendrán los operadores de establecerse de manera permanente en Grecia, la limitación de las transacciones a los bancos griegos o las edades máximas impuestas para jugar online, superiores a las del ámbito presencial. Los colectivos europeos afirman que estos aspectos limitan la libre competencia y se han impuesto de manera injustificada.

Como ya ocurriera con la legislación española, tampoco gusta nada a los operadores el régimen fiscal planteado que obligaría a las empresas a pagar impuestos sobre los clientes radicados en las islas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2010 y hasta que se concedan las licencias. Con esta medida se intenta aumentar la recaudación pública y, como se comentó en España durante el periodo de elaboración de la Ley del Juego Online, se penalizaría en cierta manera a estas empresas igualando un poco más las condiciones en relación al juego presencial.

En el extremo opuesto se sitúa la OPAP (su equivalente en nuestro país sería LAE) que, por contra, logra ampliar su licencia hasta 2030, cuando tan sólo el 34% es del Estado y ya hay programada una venta para el próximo año. Desde el juego online se observa esto como una maniobra poco transparente que va en contra de la libre competencia, agravada por el hecho de que los juegos del organismo público de loterías no pagan ningún tipo de impuestos.

Después de varias decisiones antimonopolio dictadas por el Tribunal de Justicia Europeo, tanto EGBA como RGA han optado llevar la Ley ante los máximos órganos de Gobierno de la Unión. "El Comisario Barnier confirmó recientemente al Parlamento Europeo que iba a cumplir seriamente con sus responsabilidades de evaluar el cumplimiento de la legislación de juego de los Estados Miembros con la ley de la UE. Permitir que Grecia continúe con esta legislación sin que cambie, representaría un fracaso total de esas responsabilidades. Confiamos en que el Comisario investigue urgentemente nuestra denuncia contra Grecia y actue en consecuencia, así como en varias otras quejas pendientes", ha señalado Sigrid Ligné, secretaria general de EGBA.

Por su parte, Clive Hawkswood, Director Ejecutivo de la RGA, señaló la satisfacción por la regulación del mercado, un proceso que debe ser "justo y transparente", además de "cumplir las reglas de la propia UE". "Cuando un régimen es contrario a las disposiciones de los Tratados, las impugnaciones son desgraciadamente necesarias e inevitables. Por tanto, miramos a la Comisión, como guardiana de los Tratados, para que haga cumplir estas disposiciones en relación con los juegos de azar, como el Parlamento Europeo ha pedido recientemente", ha manifestado.

Una vez más, queda en evidencia que cada Estado está diseñando sus propias fórmulas para abrirse al juego online, una disparidad de criterios que no va en beneficio ni de consumidores ni de empresarios. Se sabe que hace falta una armonización en este sentido, otra cosa será que llegue tarde.