29/04/2011 | Legislación

Tres meses de plazo para declarar los puestos de trabajo de la economía sumergida

Trabajar sin cotizar a la Seguridad Social y además cobrar el paro saldrá muy caro a partir del próximo mes de junio. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en la mañana de hoy su Plan contra la economía sumergida, una nueva iniciativa ligada a las últimas reformas laborales emprendidas por el Ejecutivo para impulsar la economía del país, tal y como se comprometió en el Pacto por el Euro.

Aunque el texto definitivo no verá la luz hasta su presentación en rueda de prensa, algunos aspectos llevan semanas sobre la mesa de debate. Si nada cambia, las sanciones a aquellos trabajadores y empresarios que no regularicen su situación podrían superar los 200.000 euros, cantidad que podrán ahorrarse los implicados si en el plazo de tres meses se decantan por declarar esos puestos de trabajo de una economía sumergida que en España supone el 20% del PIB.

Desde el Gobierno aseguran que no se trata de una amnistía generalizada, ya que las empresas tendrán que pagar lo que adeudan a la Seguridad Social, eso sí, lo harán con todas las facilidades que pueda dispensar el Ejecutivo, ya que su principal objetivo es luchar contra la tasa de paro que, según la previsiones, se ha vuelto a elevar cinco décimas para este año, mientras que el crecimiento económico se vuelve a reducir para los próximos dos años.

"El Plan de afloramiento y control del empleo sumergido no contiene ninguna fórmula de amnistía, sí hay facilidades para que el trabajo no declarado pueda regularizarse sin que los trabajadores pierdan derechos. No vamos a mirar al pasado, queremos centrar la atención del Plan en el futuro", manifestaba el pasado martes el ministro de Trabajo Valeriano Gómez.

Entre los conceptos que aún debe concretar el equipo dirigido por Valeriano Gómez se encuentra el periodo de cotización que se les reconocerá a estos trabajadores. El primer borrador apunta a seis meses, mientras que el segundo se alargaba a un año. Tampoco está claro si se incluirán medidas de carácter fiscal para apoyar la iniciativa tal y como demandan desde la patronal.

Los sindicatos también han criticado el proyecto al considerar que lo único que se intenta es cumplir con el Pacto del Euro, sin prestar atención a la calidad del trabajo que se puede crear o el fraude fiscal que supone la actuación de empresarios y trabajadores que se encuentran en esta situación. Además, consideran que el Plan debería ser más ambicioso y profundo, no sólo un acto de cara a la galería europea, así como ir aparejado un impulso de la Inspección de Trabajo, ya que las sanciones se incrementan, pero el número de inspectores y la capacidad para cazar la infractor son las mismas.

El proyecto del Gobierno contempla la responsabilidad de las empresas matrices que subcontraten a otra. Estarán obligadas a comprobar que los trabajadores de la contrata están en situación legal, aunque se debe concretar cómo se hará esta "vigilancia".