25/09/2012 | Recreativo

Baleares adapta la normativa a la Directiva Europea de mercado interior suprimiendo las autorizaciones administrativas

Acaba de publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el Decreto de simplificación administrativa y modificación de varias disposiciones reglamentarias para la transposición de la Directiva Europea de servicios en el mercado interior, lo que supone en la práctica liberalizar toda actividad relacionada con los servicios y, entre ella, parte del sector del juego, concretamente el que afecta a las tipo A.

El Decreto se aprobó el pasado 21 de septiembre en el Consejo de Gobierno en el que se acordó introducir el sistema de declaración responsable o comunicación previa al inicio de actividades económicas, empresariales o profesionales propuesto por la denominada Ley Ómnibus. Además, en las directrices también se especifica la posibilidad de permitir el inicio de la actividad desde el mismo día de su presentación sin esperar a tener otorgada la licencia.

Los juegos y las apuestas son dos de los sectores más afectados por esta adaptación que acarrea el retoque de los Decretos 132/2001, de 30 de noviembre de medidas reguladoras en materia de juego y también del 55/2009 de 11 de septiembre, sobre régimen jurídico de las salas de juego.

En el primer caso se modifica el apartado correspondiente a las cuantías de las fianzas. Se queda en 60.000 euros para los fabricantes y comercializadores de máquinas B o C, 30.000 para las empresas operadoras de tipo B o salones de juego, 60.000 para las operadoras de tipo C y 30.000 para las empresas de servicios técnicos, añadiéndose un segundo párrafo que implica que "la garantía a la que se refiere el apartado anterior se duplicará en el caso de las empresas operadoras de tipo C".

El segundo de los Decretos varía en cuanto al periodo mínimo de apertura anual que sigue siendo de 6 meses a excepción de las salas de juego de temporada, nueva figura que debe decretarse reglamentariamente. Asimismo, se elimina de la obligación de la inscripción en el registro de empresas a los salones recreativos o de tipo A, además de la mencionada supresión de las autorizaciones administrativas.

En este sentido, retomamos el tema que publicábamos ayer, en el que la DGOJ daba la razón a una empresa que denunciaba la falta de sensibilidad de algunas Administraciones autonómicas a la hora de incluir estas mismas medidas en su legislación, acciones que a su juicio pueden beneficiar un mercado que se encuentra francamente apagado por las dificultades económicas que atraviesa.

La eliminación de trabas administrativas posibilita una mayor movilidad empresarial y con ella una posible reactivación de las ventas.