La plataforma Fiscalidad Justa denuncia que reducir los impuestos a los casinos catalanes supondría 185 millones € menos

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La Plataforma para una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria ha mostrado este martes su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo catalán de modificar la legislación catalana del juego para reducir los impuestos a los casinos. La entidad calcula que la rebaja supondrá dejar de ingresar 185 millones de euros, más de lo que se gasta en la renta mínima de inserción (RMI).

Asegura que el Departamento de Economía y Conocimiento está tramitando la elaboración del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego, que contempla las siguientes y principales modificaciones normativas:

• La modificación de la tasa sobre el juego aplicable a los casinos-de competencia exclusiva de nuestro Gobierno - que pasaría del 55% al 10% de sus ingresos brutos.
• La autorización a los casinos y otros establecimientos de juego a conceder operaciones de crédito a los jugadores. Es decir, que los casinos podrán dar préstamos a jugadores y jugadoras que hayan quedado sin blanca y quieran continuar jugando.
• Por último, el anteproyecto abre vía libre para la creación de nuevos casinos en el Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou, junto a Port Aventura, pasando de 4 a 10 casinos en el conjunto del territorio catalán.

La Plataforma por una Fiscalidad justa, ambiental y solidaria denuncia y se opone frontalmente a tales modificaciones por las siguientes razones:
• Se dejarían de ingresar 185 millones de euros al año. En 2012, la Generalitat ingresó 227 millones de euros a través de la recaudación de este impuesto. Con la nueva tasa que se propone, las arcas públicas habrían ingresado sólo 41 millones de euros. Por lo tanto, se dejarían de ingresar 185 millones de euros, lo que equivale a 1,5 veces lo que el Gobierno dedica a las prestaciones de la Renta Mínima de Inserción, que fueron 123 millones de euros en 2012.
• Es un despropósito fomentar el crédito al juego. Ante el dramático e insostenible escenario donde el crédito productivo no llega ni a familias ni a empresas, la Generalitat apuesta por el crédito más improductivo que es el del juego.

Precisamente, estamos sufriendo las consecuencias de la fiebre del crédito, que supuso el acceso al crédito fácil y ágil que tuvieron constructoras y sociedad en general. Con esta norma, la Generalidad propiciará de nuevo el acceso a un crédito improductivo y sobre todo potencialmente lesivo para las personas jugadoras que caigan en ludopatías.

• El anteproyecto es fruto de la continuidad por la apuesta estratégica por un modelo social de economía de casino. En el contexto actual, renunciar a ingresos y al mismo tiempo hacerlo con el objetivo de fomentar el empleo-y infraocupación-en el ámbito del personal de servicio al ocio de ricos, sólo responde a la voluntad de seguir apostando por una Cataluña al servicio del gran capital financiero y especulativo. Una Cataluña del laissez faire, que claudica ante los intereses de las pocas pero grandes fortunas que controlan el mundo del juego, de espaldas a la economía productiva y el desarrollo de sectores con valor añadido.

Por todo ello, desde la Plataforma pedimos al Gobierno que rectifique y dé un paso atrás en la modificación de la ley que regula el juego. No hacerlo supondría constatar la incoherencia discursiva que mantiene el Gobierno de la Generalidad cuando sostiene:
- Que "no hay alternativas" a los recortes, pero en cambio reduce un 82% la recaudación de este impuesto.
- Que trabaja para facilitar el crédito a familias y empresas, sin resultados, pero en cambio favorece el crédito especulativo al juego
- Que apuesta por un cambio de modelo productivo en Cataluña, pero en cambio quiere convertir Cataluña en uno de los principales polos en Europa del juego y del tipo de turismo que va asociado.
Por último, recordamos al Gobierno de la Generalitat que gobierna para el pueblo y no sólo para unos pocos privilegiados y que por este motivo no puede usar las competencias que tiene en materia tributaria para vaciar las arcas públicas a favor del lobby del juego a Cataluña.