08/02/2011 | Legislación

Antonio Gallego: "La Ley del Juego es ambigua y se ha elaborado sin la participación del sector"

Tan sólo unos días después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley del Juego, los partidos de la oposición siguen sin conocer el contenido del último borrador. Las dudas sobre su contenido han generado las críticas del Partido Popular que no comparte muchas de las impresiones plasmadas en el texto. De las posibles alegaciones que presentará el PP durante la tramitación parlamentaria, charlamos con Antonio Gallego, diputado popular en el Congreso.

-Cuando el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció la aprobación del proyecto de Ley en el Consejo de Ministros, afirmó que se había pactado con las CCAA, sin embargo, usted ha manifestado que es una Ley que no se ha elaborado con el consenso necesario...

El anteproyecto de Ley se termina de configurar dos días antes de que finalice el año. Después el Gobierno lo saca a información pública, dejando tan sólo 10 días para presentar alegaciones, de los cuales cuatro no eran hábiles. Digamos que en cuestión de plazos y en términos de participación democrática no se ha jugado limpio.

Las comunidades autónomas sí han podido participar en su elaboración, pero el sector del juego no, hecho que han denunciado en multitud de ocasiones, algunos en voz más alta que otros, pero todos coinciden en criticar que no se ha contado con su experiencia y su opinión.

En nuestro caso, aún estamos esperando tener acceso a la última versión aprobada por el Gobierno para poder estudiarla con detenimiento, ni siquiera los que han formado parte de su confección han tenido la oportunidad de verlo. Esto tampoco es un ejemplo de transparencia y participación.

Además de todo esto, el Gobierno ha decidido tramitar la aprobación del proyecto de Ley en las Cortes con carácter urgente, por lo que todos los pasos se reducen a la mitad. Hay menos tiempo para mejorarla y menos tiempo para que todos podamos aportar nuestras mejoras.

Creo que son tres ejemplos claros de poca participación, tres ejemplos en los que el Gobierno podía haber actuado de otra manera.

-¿Esa participación podrá llegar ahora por medio de los partidos de la oposición tanto en el Congreso como en el Senado?

Estamos satisfechos de que se haya impulsado el desarrollo de una Ley como esta. Es muy necesario. También nos parece correcto que las comunidades autónomas hayan participado, no podía ser de otra manera, ya que las competencias del juego pertenecen a los gobierno autonómicos.

Ahora nos toca a nosotros realizar un informe completo del impacto económico de la Ley y, por su puesto, seguir hablando y trabajando con las autonomías y los colectivos del sector del juego que viven un momento de gran incertidumbre.

La próxima semana comenzaremos las reuniones con los representantes de los principales sectores implicados. Recogeremos sus opiniones y comenzaremos a trabajar en las alegaciones que vamos a presentar. También trataremos la futura regulación con la ACB y la LFP, dos organismos de gran importancia con los que tampoco se ha contado.

-Uno de los puntos que mayor controversia ha originado es el sistema de tributación propuesto, ¿cuál es la postura del Partido Popular en este punto?

Defendemos que la base impositiva debe fijarse sobre el win (ingresos menos premios) y no sobre volumen de negocio. Ahora debemos ver qué ha propuesto finalmente el Gobierno, que parece que ha cambiado el texto en el último momento, para examinar cuáles serán los juegos que tributarán por todas las cantidades apostadas y ver si los motivos son acertados y los porcentajes los adecuados.

Queremos ser un país atractivo para las empresas y que estas puedan invertir. Creemos que la mejor manera de hacerlo es flexibilizando los criterios de facturación y siempre conservando la transparencia. El Gobierno tiene la intención con esta Ley de recaudar y de hacerlo pronto y rápido. Estas prisas pueden llevarnos a hacerlo mal, porque, comprobando la experiencia de otros países europeos, una tributación adecuada que permita la libre competencia de ofertas y la entrada de nuevos inversores, a la larga, es mucho más beneficioso para las arcas públicas.

Es esencial realizar un análisis de competitividad con el resto de países para asegurarnos que nuestra oferta va a generar esos ingresos que se esperan, por lo que el marco fiscal, como mínimo, debe ser igual que el de la mayoría de países de nuestro entorno.

-Al margen de los pequeños retoques que puedan hacerse a la Ley, ¿cree usted que es la regulación adecuada?

Creemos que es una Ley muy genérica que deja demasiados interrogantes. Se ha fraguado en el seno de Loterías y Apuestas del Estado, la única entidad que, en principio, sale realmente beneficiada. Esto es jugar con las cartas marcadas.

La Ley es amplia y ambigua, así que habrá que mejorarla y ampliarla a través de los respectivos reglamentos que se dicten.

Se ha perdido una gran oportunidad de regular el juego de manera global e incluir en esta Ley a otros sectores como los casinos, los bingos y las máquinas, cuyas regulaciones también han quedado obsoletas, además de existir una disparidad de criterios perjudicial para el sector y una fiscalidad excesiva. El Gobierno debería coordinar la acción de las comunidades autónomas para propiciar cierta unificación.

Estos tres sectores partirán con una gran desventaja respecto a los operadores que ya ofrecen juego online. No competirán en igualdad por el mercado online porque no van a jugar con las mismas reglas.

-También han mostrado sus dudas sobre la labor de la futura Comisión Nacional del Juego y el sistema de licencias...

Es necesario establecer claramente cuáles son los parámetros básico de este organismo que va a abarcar atribuciones muy amplias. Queremos saber cómo se va a garantizar la independencia de esta Comisión y qué papel cumplirá la oposición en ella. No tenemos ninguna orientación de quién lo va a controlar y cómo lo va a hacer.

Por su parte el sistema de licencias y autorizaciones nos parece poco acertado porque va a limitar demasiado el número de operadores. Es mejor, tanto para la calidad del servicio como para los precios, un sistema de licencias abierto en el que todo aquel que cumpla los requisitos -unos requisitos, por otra parte, exigentes y que proporcionen todas las garantías- pueda ofrecer sus productos. Las licencias por concurso sólo disminuirán el interés de las empresas.

Andamos promoviendo un cambio de nuestro sistema productivo y este sector podría brindarnos una buena oportunidad para generar un mercado competitivo capaz de crear nuevos puestos de trabajo y proporcionar nuevos ingresos.