24/10/2013 | Juegos online

UGT y CCOO quieren que el juego online tenga mayor fiscalidad que el presencial

En la reunión que mantuvieron los sindicatos UGT y CCOO el pasado lunes 21 de octubre, los delegados de las organizaciones trataron la situación del sector y su futuro. Entre los temas que debatieron se encuentra el de la fiscalidad en el juego del bingo y en concreto la diferencia entre el juego online y el físico. Los asistentes concluyeron que el juego online “debe tener siempre una tasa superior a la del juego presencial”.

La razón que esgrimen para pedir mayor fiscalidad al online es que “genera menos empleo, es más difícil de controlar por parte de la Comisión Nacional del Juego (CNJ) por su carácter supra-nacional y no lleva aportando su trabajo 35 años en la construcción de Mercado del Juego, como sí lo hace el Juego Presencial”.

Los sindicatos aseguran que el juego online tiene ventaja sobre el juego presencial, salvo que en el futuro operadores de juego virtual radicados en España capturen juego transfronterizo. “Nuestra ausencia y falta de participación en la confección del Proyecto de Ley es lo que provocará, caso de no modificar totalmente esta Ley del Juego, una fractura del Mercado", concluyen los delegados.

Por otro lado, también discutieron acerca de la pérdida de empleo y el cierre de salas que se está produciendo desde hace tiempo y la falta de innovación e inversión por parte de las empresas que prefieren en muchos casos invertir en nuevas modalidad de juego automático también estuvo sobre la mesa de reunión.

La preocupación por el juego ilegal, y sobre todo la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector de juego son algunos de los temas tratados.

Durante la vista, las organizaciones coincidieron en la necesidad de constituir, a la mayor brevedad, un Observatorio Estatal del Sector Laboral de Bingos. Con la intención de coordinar las distintas actuaciones de los sindicatos en las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA), UGT y CCOO se han puesto de acuerdo en constituir un organismo de vigilancia como instrumento conjunto de participación e interlocución ante las Administraciones Públicas, tanto del Estado como de las CCAA.