16/03/2011 | Legislación
Los sindicatos reclaman formar parte del futuro Consejo de Políticas de Juego
Suena extraño, pero sí, el plazo de enmiendas a la Ley del Juego vuelve a prorrogarse de nuevo y ya van seis. Hasta el próximo 21 de marzo se admitirán propuestas de las que ya empezamos a conocer su contenido específico como el caso de las hechas por los sindicatos de manera conjunta entre la Federación de Trabajadores de Comercio, Hostelría, Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
Su principal aportación: que tanto sindicatos como patronal puedan participar en el órgano representativo que se creará con la nueva Ley, el Consejo de Políticas de Juego.
Por ello, aportan varios cambios. Así, el artículos 34.1 que recoge la composición que tendrá el futuro Consejo, que estará formado por las Comunidades Autónomas y el Estado, piden la inclusión de la "participación de las organizaciones sindicales y empresariales, en materia de juego", un proposición lógica si se tiene en cuenta que esta industria engloba a miles de trabajadores y genera un buen porcentaje de riqueza en nuestro país.
En esta misma línea, junto a los representantes de todas las regiones y un número igual pertenecientes a la Administración General del Estado, las Federaciones apuestan por incluir seis consejeros de origen sindical y otros tantos de origen empresarial en el punto tercero del artículo 34.
Justifican su incorporación al Consejo amparándose tanto en la Ley de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores, que establecen la capacidad de los agentes sociales y económicos para representar sus intereses ante la Administración, unos interesen que deberían poder defender ante este organismo por las capacidades competenciales que se le atribuyen en la Ley del Juego.
Contradicciones
Los sindicatos tampoco son ajenos al conflicto que plantea la inclusión de Loterías y Apuestas y ONCE en la nueva regulación, sobre todo, por la ventajas de las que gozará. A pesar de ello, sólo incluyen una pequeña apreciación destinada a eliminar un apunte del apartado quinto de la Disposición Adicional Primera.
"La apertura de establecimientos accesibles al público destinados con carácter principal a la comercialización y desarrollo de los juegos reservados a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, no requerirán autorización de las Comunidades Autónomas", reza el texto. Los sindicatos quieren suprimir "con carácter general", ya que puede inducir a algún tipo de ambigüedad que atenta contra la seguridad jurídica al beneficiar de modo injustificado a la nueva sociedad estatal.
Son pocas las enmiendas depositadas por los sindicatos, sin embargo, merecen toda la atención, sobre todo, en lo que refiere a su participación en el Consejo, un órgano que parece demasiado político y alejado de la realidad cuando realmente es el que va a marcar las pautas de la evolución del juego.
Enmienda a la totalidad
Quienes sí ejercieron su derecho de presentar una enmienda a la totalidad antes del pasado 11 de marzo fueron las patronales, como cabía esperar. Se rechaza el proyecto por no haber contado con su colaboración, por ser ambigua y por considerarla poco evolucionada.
Rechazan la Ley por completo al considerar que no puede ser mejorada por medio de enmiendas ya que, en su esencia, no es válida al regular juegos presenciales y públicos como los que ofrece LAE y la ONCE y romper la unidad funcional del mercado por medio de una Ley que sólo regula el juego online, homogeneizándolo para todo el país y dejando fuera el presencial, tan dispar como Comunidades Autónomas existen. Es decir, se vuelve a pedir la inclusión del juego tradicional en una nueva legislación que pueda actualizar y crear un marco común en nuestro país.
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