09/06/2011 | Recreativo

Agedi, el filtro de los contenidos legales para las gramolas

La mayoría de contenidos generan una serie de derechos intelectuales propiedad del autor que deben ser respetados y nunca ser utilizados en beneficio propio. En nuestro país existen varias organizaciones que se encargan de gestionar estos derechos y velar por el cumplimiento de las normativas que los protegen. En concreto el Ministerio de Cultura ha autorizado ocho: SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AIE, AISGE, EGEDA y AGEDI.

Esta última, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, es la encargada de conceder las autorizaciones para aquellos operadores que quieren incorporar contenido musical, ya sean fonogramas o vídeos musicales a las gramolas cuyos servicios se explotan en establecimientos públicos, permiso que también permite adquirir los contenidos a través de los suministradores oficiales. Centraliza la recaudación junto a AIE desde el 2003 con el objetivo de evitar la doble reclamación de derechos y simplificar los procesos.

"La actividad del operador debe consistir en la actualización mensual del contenido musical de cada una de las gramolas-hucha que tenga en servicio y deberá obtener tantas actualizaciones como máquinas tenga en explotación cumpliendo con unas determinadas medidas de seguridad para evitar copias ilícitas", señalan desde la asociación. Es por estos contenidos por los que el operador debe pagar, con cuotas diferentes según se traten de gramolas instaladas en bares, cafeterías o restaurantes o gramolas de temporada.

Dentro de su labor de vigilancia y control, Agedi es un organismo al que se puede recurrir en caso de tener conocimiento de la instalación de una máquina que no cumpla con la legalidad vigente y carezca de los permisos reglamentarios. Cuando el colectivo recibe una denuncia de alguna empresa del sector, "pone en marcha distintas tareas de comprobación e inspectoras destinadas a verificar la veracidad de la denuncia y en caso positivo inicia las acciones civiles o penales correspondientes ante la Administración de Justicia, estas últimas a través de la actuación directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", explican.

No sólo trabaja por denuncia, sino que cuenta con personal especializado que realiza continuamente estas inspecciones y comprobaciones en todo el territorio español.

Algunos opinan que es simple afán recaudatorio, otros que esta es la única manera de que sigan existiendo creadores. Hay una cosa clara y es que todo en esta vida no puede ser gratuito y otra, mucho más evidente, que hay cumplir con la legalidad y para ello existe una Ley de Propiedad Intelectual y un Código Penal que establece las reglas básicas de este juego.

Cuando existe una infracción, es decir, cuando las grabaciones se utilizan públicamente o se reproducen sin autorización se infringe esta Ley. "Agedi tiene establecida una penalización de 2.000 euros por máquina y mes en el caso de máquinas cuyo contenido musical no se ajusta lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual", detallan. A ello se suman las sanciones del Código Penal que considera delito la comunicación pública o la reproducción de los fonogramas o videos musicales "sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual" con penas que pueden llegar a prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.