25/02/2013 | Apuestas deportivas

La Xunta de Galicia autoriza a seis empresas a operar con apuestas deportivas

El pasado viernes adelantábamos que la casa de apuestas Reta había conseguido la autorización del Gobierno gallego para empezar a operar. Hoy hemos sabido que la Xunta de Galicia ha autorizado a seis empresas la comercialización de apuestas deportivas. Ha trascendido que las empresas autorizadas son Codere, Reta, Egasa (mediante Luckia), Sportium;  Bwin (mediante Solwin) y Apuestas de Galicia.

Las licencias corresponden al modo presencial, lo que significa que las operadoras podrán situar sus máquinas en establecimientos de hostelería y abrir tiendas o espacios de apuestas en salones de juego, bingos, casinos o recintos feriales. Para poder instalar los terminales, antes deberán solicitar autorización de instalación y localización ante las correspondientes jefaturas territoriales.

El número máximo de máquinas será de 333 por cada empresa. Así mismo, la cantidad de terminales auxiliares que se pueden instalar será de 12 para las tiendas de apuestas; cinco en el caso de los salones de juego, bingos y casinos; y una por cada 500 plazas de capacidad en recintos deportivos y feriales.

La autorización ha llegado después de que concluyera el proceso para la homologación de los sistemas y el de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno gallego.

El caso de Valencia

Las seis concesionarias de apuestas de contrapartida en la Comunidad de Valencia están formalmente domiciliadas en la región y cuentan con algunos socios locales, pero el control está en la mayoría de los casos en manos de firmas de Cataluña, País Vasco y Madrid con destacadas empresas extranjeras del sector, como muestra su seguimiento en el Registro Mercantil.

Recordemos que la Generalitat autorizó a seis empresas valencianas parar organizar apuestas presenciales de juego, en concreto, de apuestas de contrapartida (simples o múltiples), mutuas y cruzadas. Las empresas tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos el de tener domicilio social en la Comunitat.