La agencias de noticias EFE publica que los casinos y salas de juego que operan en Portugal han dicidido presentar una denuncia contra el Estado luso por considerar "injusto" su actual régimen tributario y anunciaron que no pagarán los impuestos hasta conocer la sentencia.
La patronal de las salas de juego lusas reveló que ya en el 2010, la presión fiscal suponía cerca de un 62 % de todos los ingresos de algunos de sus miembros más importantes, lo que consideran abusivo. Desde el año 2008, la crisis económica ha afectado al negocio de los casinos y provocó una caída de sus ingresos del 28,2 %, hasta rondar actualmente los 300 millones de euros, según datos de la Asociación de Casinos de Portugal.
El objetivo de la patronal con esta denuncia es que el Estado deje de aplicar el impuesto mínimo hasta que el negocio vuelva a mejorar, además de reclamar que sus actuales concesiones les permitan operar en el mercado de las apuestas por Internet y que se estreche el control sobre el juego ilegal. «Si nada se hace, habrá quiebra de casinos, independientemente de la solvencia de algunos de sus accionistas», advirtió Armindo, portavoz de un sector que ocupa a 3.000 personas de forma directa en Portugal y a 15.000 indirectamente.
El presidente de la Asociación Portuguesa de Casinos, Jorge Armindo, anunció esas medidas en declaraciones a los periodistas y lamentó que las empresas del sector estén pagando más impuestos pese a ver cómo caen sus ingresos. El más importante grupo del sector en todo el país, Estoril-Sol, propietario del famoso casino cercano a la capital lusa, informó a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal de su decisión de presentar la queja ante el Tribunal Administrativo de Lisboa y Oporto contra el Estado portugués. "El objetivo es el reequilibrio financiero de los contratos de concesión de la explotación de los juegos de azar en las localidades de Estoril y Póvoa de Varzim", expresó la empresa, propiedad del multimillonario de Macao Stanley Ho, en un comunicado enviado al regulador luso.
La firma de estas concesiones se remontan al año 2001, cuando a cambio de prolongar los contratos se acordó que las salas de juego de Estoril, Póvoa y Espinho pagaran el 50 % de sus ingresos brutos al Estado, porcentaje que se situó en el 35% para los casinos del Algarve y del 30 % para los de Figueira da Foz. El problema, según la patronal, es que a estos pagos se le suma un impuesto mínimo independiente de la facturación y que sin embargo está diseñado en base a un crecimiento de los ingresos superior al 2 % anual, cuando actualmente la evolución es a la baja. Para Jorge Armindo, la actual situación es "inconstitucional", ya que el importe a abonar en concepto de impuestos -asegura- puede llegar a sobrepasar los ingresos en algunos casos.
