17/06/2011 | Legislación

Europa necesita una política común de juego

Los movimientos originados en el seno de la Unión Europea en relación al juego, y más concretamente al juego online, se muestran insuficientes. No existe una política común, ni siquiera unas directrices básicas a partir de las cuales elaborar legislaciones nacionales con más puntos coincidentes que ajenos.

Es cierto que está en marcha la consulta popular impulsada por la Comisión tras la publicación del Green Paper el pasado mes de marzo. En el propio Libro Verde se admite la divergencia existente entre las diferentes políticas nacionales y la necesidad de mover ficha, pero lo cierto es que el proceso va despacio, demasiado para la urgencia que requiere el asunto. Pero teniendo en cuenta que el plazo para la admisión de opiniones culmina el 31 de julio, que después se deben analizar las proposiciones y luego establecer unos objetivos y un calendario, hablamos de muchos meses por delante.

De ello son conscientes en el Parlamento Europeo, de ahí que a principios de este mes de junio, un grupo de diputados haya optado por pedir por escrito tanto a la Comisión como a los Estados miembros más trabajo en común. El documento en forma de Declaración lleva la firma de los representantes de Rumanía (Cătălin Sorin Ivan y Claudiu Ciprian Tanasescu), Italia (Silvia Costa), Irlanda (Seán Kelly) y Finalandia (Hannu Takkula) con el claro objetivo de hacer reaccionar a las instituciones.

Piden la colaboración de los Estados y la Comisión para mejorar los intereses europeos y nacionales en el ámbito del juego, todo ello a través de la elaboración de normas comunes con el fin de proteger a los consumidores y a los menores de edad. No va más allá de lo que permite una Declaración, por lo tanto no es vinculante, ni afecta a las iniciativas puestas en marcha, como el Libro Verde, pero sí supone un toque de atención más.

La reclamación la realizan en base al artículo 49 del Tratado de la Comunidad Europea, la jurisprudencia desarrollada por el TJUE y las resoluciones y el Reglamento del propio Parlamento en relación a un negocio que se estima mueva este año 9.700 millones de euros. Los parlamentarios también se apoyan en la mala situación que atraviesan las finanzas del mercado común, crisis que podría encontrar un bálsamo en los juegos regulados y los impuestos que generan, y también en el hecho de que todos los Estados miembros tiene objetivos e intereses comunes cuando se habla de regulación del juego.

Es por todo ello, que los cinco firmantes reclaman trabajo común para aunar esos intereses, luchar contra los operadores ilegales y establecer una política única de protección para usuarios y colectivos sensibles.

Aún no sabemos qué repercusión tendrá esta Declaración, sin embargo, lo que sí demuestra es que algunos dirigentes europeos por fin se han dado cuenta de que hay temas que requieren una actuación rápida y eficaz y no que los dejen a su libre desarrollo.