31/08/2011 | Vending

Los autónomos piden más control sobre la morosidad de las empresas

Cuando hablamos de morosidad casi siempre se hace referencia a las deudas que los ciudadanos contraen con los bancos o las que mantienen las instituciones públicas con las empresas. Sin embargo, existe un tercer grupo de grandes afectados que apenas se tiene en cuenta y, por tanto, queda en la más absoluta desprotección ya que no existen indicadores con los que medir estos índices.

Nos referimos a los autónomos subcontratados por pequeñas y medianas empresas que en el caso del juego afecta a ciertos trabajadores independientes, relacionados sobre todo con el mundo del ociovending y los servicios técnicos.

Para evitar este desamparo en el que se encuentran, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) pedirá al Observatorio de la Morosidad un mayor seguimiento de las relaciones de subcontratación con el objetivo de identificar y hacer visible este problema, después de constatar la falta de interés que despierta en el seno del Grupo de Trabajo de Morosidad del Observatorio de la Pyme.

"Sólo es factible hacer un seguimiento de la morosidad con las entidades financieras a través de los datos del Banco de España o la que mantiene la Administración General del Estado, pero no así la de las CCAA y Entidades locales, por lo que es prácticamente imposible hacer un diagnóstico real del problema”, asegura César García, secretario ejecutivo de Política Sectorial de Upta España.

"Menos aún se conoce cuál es la deuda que mantienen los contratistas principales, en la mayoría de los casos medianas y grandes empresas, con los subcontratados, que casi siempre son autónomos", explica la asociación en un comunicado.

La línea ICO Entes Locales está constituida para que los ayuntamientos puedan zanjar sus deudas contraídas con las empresas a las que han contratado o licitado una obra o servicio, “pero no tendrán la obligación de hacer un seguimiento para ver si estas empresas cumplen con sus obligaciones de pago con los autónomos subcontratados para la realización de estas obras o servicios contratadas o licitadas por los Consistorios, por lo que la cadena de pagos quedará rota”, aclara César García, quien añade que, por esta razón, es fundamental que los Ayuntamientos beneficiarios de estos créditos “publiquen periódicamente los pagos que van efectuando a las empresas acreedoras”.

¿Hasta dónde llega este problema? Es difícil calcularlo ya que no se cuenta con datos tan especializados. La carencia de fuentes oficiales hace necesarias las estimaciones, y la UPTA calcula que la deuda de las empresas contratistas con los autónomos puede superar la que mantienen las Administraciones Públicas con los mismo que, también según previsiones, alcanza los diez millones de euros.