11/12/2013 | Legislación

Hoy entra en vigor la nueva Ley de Garantía de Unidad de Mercado

Ayer, martes 10 de diciembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley de Garantía de la Unidad de Mercado por la que se pretende impedir adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Con esta nueva norma, que entra en vigor hoy, el Producto Interior Bruto (PIB) podría aumentar un 1,52% en diez años debido a la actividad económica que generará, lo que supone unos 1.500 millones de euros anuales, según el Ejecutivo.

Desde el BOE se señala que esta “fragmentación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, con el importante coste económico que supone en términos de prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos”.

Tras haber sido respaldada por el Partido Popular y rechazada por la oposición, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado pasó su último trámite el pasado 28 de noviembre. El Grupo Popular en el Senado presentó una enmienda al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado en la que buscan que las empresas que ya están establecidas en varias comunidades autónomas deberán elegir la normativa y autoridad autonómica a la que prefieren someterse. Según la enmienda, la empresa elegirá como autoridad de origen la de cualquiera de los lugares en los que se haya establecido y comunicará su elección a las autoridades afectadas. Esto ocurrirá cuando “haya conflicto para determinar cuál es la autoridad de origen o el operador se haya establecido en más de un lugar”.

El Gobierno contempla excepciones a esta Ley por razones de seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente y el orden público. Además, faltaría por aplicar el denominado ‘pasaporte único’ que entrará en circulación dentro de tres meses.

Por último, se establecen canales de comunicación entre la Administración y con el sector privado para permitir a los agentes económicos y a las empresas transmitir a las Administraciones Públicas situaciones y obstáculos concretos que fragmentan el mercado nacional con objeto de que puedan ser resueltos de forma ágil.