12/05/2011 | Legislación

España ya tiene Ley del Juego online

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana la Ley del Juego con todas las enmiendas incluidas en el Senado. Así se regula por primera vez en nuestro país el negocio del juego online, se normaliza y se establecen las bases que deberán regir esta creciente industria que se deberá desarrollar en la misma medida que lo hagan sus reglamentos.

La modificaciones añadidas durante su tramitación en la Cámara Alta se votaron por separado. Las referentes al artículo 1 y 12 y la Disposición Adicional Sexta recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular que se abstuvo, un resultado que se repitió en la referente a la Disposición Adicional Séptima, para concluir con la unanimidad en el resto de enmiendas remitidas por el Senado.

Antes cada grupo tuvo la oportunidad de realizar una pequeña intervención para valorar tanto el proceso de elaboración del texto como el posible impacto que tendrá. Desde el PSOE y CiU se volvió a hacer hincapié en el consenso alcanzado, un acuerdo mayoritario que ha permitido mejorar la propuesta inicial con medidas favorecedoras tanto para las empresas de juego online como para las de juego presencial.

Sánchez Llibre destacó la "gran sensibilidad y la buena comunicación" que han marcado el proceso de tramitación, "un proceso complicado que requería la colaboración de todos". En su intervención también recordó que las principales beneficiadas de esta Ley será las Comunidades Autónomas porque "van a poder disponer de una fuente de beneficios muy importante". A pesar de la satisfacción aseguró que "muchas cuestiones se han quedado en el tintero", sobre todo en relación con los periodos transitorios establecidos para los regímenes de sanciones y patrocinios.

Por su parte, Antonio Gallego, diputado popular calificó la Ley como una buena iniciativa, ya que este mercado "se tenía que regular". A grandes rasgos, también se mostró satisfecho con el texto, teniendo en cuenta que se presentaron numerosas enmiendas "que defendían intereses completamente enfrentados" y aún así se ha podido alcanzar una reglamentación aceptable "a pesar de que el planteamiento inicial no era bueno".

Gallego resaltó que la nueva Ley llega demasiado condicionada por los planes futuros que el Gobierno tiene para LAE, conservándose unos privilegios en su comercialización destinados únicamente a "asegurar un buen valor de la entidad para su privatización", una venta a la que el PP se opone. "No vamos a apoyar una mala venta de la gallina de los huevos de oro", manifestó.

Asimismo, destacó los aspectos positivos de la Ley como son el hecho de haber logrado eliminar las licencias por concurso, la homogeneización de la fiscalidad que se produce con el juego presencial, la incorporación de los dominios .es y la preocupación por salvaguardar los derechos de menos y personas con problemas de adicción.

En el otro extremo, echó en falta no haber concretado el porcentaje destinado a retorno de premios en las apuestas, carecer de un catálogo de juegos, no resolver la recaudación en relación a Ceuta y Melilla o no haber creado un equipo especializado para el control de la fiscalidad de las empresas de juego. "Hoy estamos mejor que hace un año, pero estaremos muy pendientes del desarrollo reglamentario", destacó.

Para finalizar, desde la bancada socialista, Montserrat Colldeforns, agradeció todas las aportaciones recibidas, calificando el texto como la "principal garantía para los usuarios" y la "seguridad jurídica" que proporcionará a las empresas de juego online. También hizo referencia a lo complicado que ha sido "poner de acuerdo a intereses muy diversos", posturas opuestas que deberán acercarse a partir de ahora.

También señaló que con la Ley se propiciará "una oferta de ocio más atractiva y segura", esperando que sea un revulsivo para el definitivo "impulso económico del sector del juego" y confiando en que se convierta en una industria capaz de generar empleo.

Podemos decir, que hoy empieza una nueva era para el juego en nuestro país, una etapa en la que tendrán que convivir dos propuestas hasta el momento enfrentadas, pero que ahora estarán condenadas a entenderse y complementarse.