20/06/2012 | Recreativo

El Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo admiten a trámite las denuncias por la negativa de la Junta a liberalizar las tipo A

Se han cumplido las advertencias realizadas por el sector de las recreativas. La falta de información por parte de la Administración andaluza, la negativa a dar una explicación a preguntas concretas formuladas por empresarios del sector en su momento a la Consejería de Interior y, sobre todo, la negativa a desregular por completo las tipo A mediante una adaptación total de la legislación regional a la Directiva Europea 2006/123/CE ha llevado al colectivo a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz y una petición ante el Parlamento Europeo para que estudien la situación.

Ambos organismos las han admitido a trámite. En el caso de José Chamizo, la queja pasa por el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, una normativa estatal que debería "desplazar" cualquiera reglamentación autonómica que fuera en contra de su articulado.

En este caso, los empresarios critican la decisión de la Junta de mantener las máquinas A1 con categoría de máquinas de juego y, por tanto, sujetas a comunicación previa, formalización de fianzas, etc., a pesar de que otros Gobiernos autonómicos ya han accedido a considerarlas como máquinas de ocio a las que se accede a través de un precio pero que en ningún momento suponen la formalización de una apuesta.

Diversión contra juego, los argumentos son claros y así le ha debido parecer al Defensor del Pueblo Andaluz que el pasado 4 de junio solicitó más información al respecto para realizar una investigación exhaustiva y, si lo considera necesario, apoyar la denuncia.

La denuncia interpuesta ante el Parlamento Europeo, concretamente ante una comisión que forma parte de este organismo, se admitió a trámite el pasado 7 de junio y ya ha pasado a formar parte de la agenda de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea. En este caso se reclama directamente el incumplimiento de la Directiva Europea de libre prestación de servicios.

La petición es muy simple y se puede resumir en la idoneidad de sacar del término máquinas de juego (que están fuera de la liberalización de los servicios) a las arcade y las de simulación, es decir, a todas aquella consideradas como A1 en Andalucía que según el Decreto 250/2005 están sometidas al régimen de autorización previa y al pago de fianzas para su explotación en la región.

Y lo están porque según la Junta así se defiende el interés general y se protege al consumidor, una justificación que no está desarrollada como se exige para su legalidad. Además, un ejemplo claro son otros comunidades autónomas como pueden ser País Vasco, Extremadura o Castilla y León.

Una vez más la diferencia de criterio según la zona geográfica nos deja un mercado desigual y con unas diferencias que, en el caso de este segmento de negocio, que se sujeta por unos hilos muy finos, deja a las empresas expuestas al criterio de una Administración poco comprensiva y que además no da muchas más explicaciones. Pero ni a los empresarios ni a nosotros, al argumentar que priman el control y la protección.

Desde el colectivo empresarial esperan que las acciones emprendidas ayuden a sumar apoyos a la causa y que la nueva responsable de los temas de juego de la Junta, Rosario Gómez, sea más receptiva a las peticiones. Recién llegada al cargo, ya le han remitido un escrito explicándole de manera pormenorizada la problemática para que tome medidas de forma inmediata.

Por el momento, no han obtenido respuesta, una vez más, como tampoco buenas intenciones de otras autonomías que tampoco tienen adaptada su legislación, es el caso de la Comunidad Valenciana que se encuentra en una situación muy parecida a la de Andalucía.